"En el presente informe, la CIDH pudo constatar cómo el incremento de las actividades extractivas en la Amazonía ha causado efectos de deforestación y ha creado tensiones por el uso de la tierra y sus recursos. En algunos países las actividades ilícitas se han fortalecido, posibilitando rutas del narcotráfico, explotación sexual y asesinatos. Ese contexto, se torna aún más tenso con las demandas de desarrollo de megaproyectos de infraestructura; explotación de petróleo, gas y minería; explotación forestal; uso de recursos genéticos, construcción de represas; pesca y agricultura industriales, entre otros. Los impactos son irreversibles al medio ambiente y a las comunidades locales, y en general, han sido impuestos a los pueblos indígenas sin cumplir con su derecho a la consulta y consentimiento libre, previo e informado. Esa situación fue diferente para algunos pueblos que decidieron y pudieron huir a bosques remotos de difícil acceso y se mantuvieron en aislamiento de agentes externos. Por muchos años esas comunidades han preservado sus modos de vida, sin embargo, hoy día se encuentran en situación de especial vulnerabilidad, pues la presión sobre sus tierras se ha intensificado y no cuentan con recursos suficientes para defenderse. La Comisión destaca el desarrollo normativo en el ámbito internacional del reconocimiento de los derechos pueblos indígenas, y valora los esfuerzos realizados por los Estados a través de la elaboración de nuevas leyes nacionales y políticas públicas dirigidas a esos colectivos. Sin embargo, durante los uì ltimos anÞ os se han advertido nuevos problemas que amenazan la supervivencia de estos pueblos, particularmente las alteraciones medioambientales y el cambio climatico, hacen cada vez más difícil que puedan mantener sus formas de vida e interacción con el medio ambiente." (Conclusiones, página 197)