"Es necesario que el Congreso de la República expida una ley en donde se de estabilidad y seguridad jurídica a las comunidades organizadas que prestan el servicio de radio comunitaria. En la actualidad está reglamentado mediante una Resolución Ministerial, la cual es fácilmente modificable por el ministro de turno. Dentro de ese marco normativo se deberían establecer los lineamientos de una política pública que contenga como mínimo lo siguiente: A) Inclusión de las campañas estatales de todos los niveles territoriales en los planes de medios de cada entidad con el fin de que se destinen recursos económicos a las radios comunitarias. La inclusión del servicio público de radiodifusión sonora comunitaria como proyecto estratégico para la democracia local y la participación ciudadana en los planes de desarrollo territorial; así se garantizaría el sostenimiento económico, sin que esto afecte la autonomía del medio [...] B) La duración de las concesiones no pueden ser inferiores a las establecidas para los demás servicios de telecomunicaciones; C) Tarifas diferenciales basadas en potencia y población para el cobro de los derechos de autor, que de todas maneras no sobrepase medio salario mínimo por anualidad. Actualmente se aproximan las tarifas a dos salarios mínimos en la anualidad, resultando más costoso que los pagos por uso del espectro; D) El Fondo del MinTIC debe destinar parte de sus recursos para apoyar a las comunidades organizadas concesionarias de emisoras comunitarias para la renovación de equipos y adecuaciones tecnológicas como es el caso de la conectividad." (Conclusiones y recomendaciones, página 33-34)