"La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) tiene la misión de defender los derechos fundamentales mediante la contribución al diseño de políticas por parte del sector público y privado. Las respuestas de los gobiernos deben promover un espacio público amplio y robusto en internet. Este deber implica asegurar la libertad de expresión de los usuarios, garantizar condiciones favorables para la creación de grupos online (libertad de asociación) y permitir el ejercicio del derecho de protesta en plataformas (libertad de reunión). Al mismo tiempo, las empresas privadas también tienen la obligación de contribuir a dicha finalidad. Las grandes plataformas poseen un amplio poder para determinar las condiciones en que el discurso puede circular a través de internet. La influencia de estas entidades es incluso mayor que la de muchos países y, por lo tanto, su accionar puede impedir seriamente la circulación de ideas y opiniones. De este modo, el sector privado también se encuentra sujeto al deber de respetar los derechos humanos. La crisis sanitaria producida por el Covid-19 y la intensificación de la polarización política alrededor del mundo -con la situación de Estados Unidos como ejemplo central- ha atraído la atención de la ciudadanía acerca del rol de los Estados y las plataformas para abordar fenómenos como la desinformación y el discurso de odio. Las acciones adoptadas por gobiernos y compañías deben ser sometidas a la más estricta evaluación, ya que ellas influenciarán la forma en que el debate público se llevará a cabo en el futuro." (Resumen ejecutivo)