"[...] La Convención Internacional de los Derechos de las personas con Discapacidad es recepcionada por Argentina, Uruguay y Chile y debe ser considerada elemento transversal, junto a las regulaciones nacionales y los estándares del Consorcio World Wide Web (W3C), en el dictado de normas y el diseño de las políticas públicas referidas al entorno digital. Los Estados, en sus distintos estamentos, deben responsabilizarse y comprometerse, destinando recursos a fin de fortalecer áreas existentes o generar nuevos sectores para desarrollar políticas activas promoviendo la accesibilidad Web. Ningún texto legal es, por sí solo, suficiente para transformar la realidad social, generar justicia social e inclusión. Los Estados deben elaborar y proporcionar datos estadísticos referidos al área de discapacidad, en particular en materia de tecnologías de la información y la comunicación. Los Estados deben definir y comunicar los entes auditores a cargo de los mecanismos de monitoreo y supervisión de la legislación vigente y las políticas públicas en la materia." (Resumen ejecutivo)