"El libro Las mordazas invisibles. Nueva y viejas barreras a la diversidad en la radiodifusión revela y analiza la administración del espectro radioeléctrico en materia de concesiones de radio y televisión en varios países de la región, determinando las barreras y obstáculos a superar para un efectivo cumplimiento del derecho a la información y a la actividad radiodifusora como integrante de tal derecho conforme las pautas interpretativas del artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos [...]
Los abusos en la administración de las concesiones de radiodifusión tienen como consecuencia el silenciamiento de voces disidentes y diversas, en desmedro de la pluralidad de informaciones y opiniones necesarias para la existencia de nuestras democracias. Centenares de emisoras comunitarias han sido testigos de esta situación, así como muchas otras emisoras de carácter público y no comercial e incluso medios comerciales locales y regionales que han sido excluidos por marcos regulatorios discriminatorios y prácticas arbitrarias que benefician a unos pocos empresarios y grupos económicos. Estas violaciones a la libertad de expresión e información radican en el abuso de los Estados de su legítima potestad de administrar el espectro radioeléctrico. Éstos, aun que no necesariamente los gobiernos, tienen a su cargo la gestión del espectro radioeléctrico y, en particular, la administración de las frecuencias de radio y TV, otorgando concesiones y supervisando su buen uso.
El presente trabajo no cuestiona esta potestad, pues el Estado tiene que administrar este recurso escaso en función del interés general. Sin embargo, el abuso o la arbitrariedad que se cometen en su gestión, en un sector clave para el ejercicio de la libertad de expresión e información, justifica la importancia de su consideración. De aquí la relevancia de considerar que muchas de las acciones cuestionadas son tomadas con arreglo a la legalidad soberanamente adoptada por un país a través de normas de alcance legal -como reglamentos y decretos gubernamentales- pero que no son necesariamente legítimos o compatibles con la legislación interna emanada de los tratados internacionales que nuestros países han firmado y ratificado. Por esta vía, los Estados pueden suprimir directa o indirectamente estos derechos o restringir su ejercicio cuando se accede a una frecuencia, aún cuando su Constitución y leyes generales reconozcan el derecho a la libertad de expresión e información. En el análisis de los marcos legales y su compatibilidad con los estándares de respeto a los Derechos Humanos y la libertad de expresión, no es suficiente considerar LA redacción de las leyes o sus reglamentos. Muchas veces, las barreras y limitaciones se presentan en la aplicación de la normativa por los organismos competentes o por disposiciones y procedimientos administrativos de menor rango que condicionan o incluso contradicen los principios establecidos en normas superiores. Aún más, la sola existencia de una legislación no discriminatoria tampoco es elemento suficiente para crear un entorno favorable que garantice la diversidad de medios. Por ejemplo, es vital el establecimiento de políticas públicas activas por parte del Estado para asegurar el reconocimiento legal de los medios comunitarios, tanto como para promoverlo y garantizar su existencia en un marco desfavorable para su desarrollo por múltiples factores: la situación económica general, la debilidad de los grupos sociales que gestionan los medios, el contexto de creciente concentración de medios y otros. Hay dos importantes razones que establecen el carácter y los límites de esta potestad. En primer lugar, los Estados son sólo administradores del espectro radioeléctrico y no sus dueños, ya que las frecuencias son consideradas como un recurso natural patrimonio de la humanidad. Por otro lado, la radiodifusión es un soporte para ejercer un derecho fundamental como es la libertad de expresión. Por estas razones, los Estados no pueden administrar el uso de las frecuencias de manera arbitraria." (Introducción, páginas 12-13)